Los adultos mayores chilenos en el siglo XXI: un enfoque politológico (página 2)

Democracia, equidad y
mercado
libre

Chile optó por el paradigma
económico de libre mercado durante los primeros
años del Gobierno Militar,
en consonancia con las tendencias del mundo occidental de las dos
últimas décadas del siglo pasado, modelo que se
ha mantenido en lo sustancial con algunos ajustes destinados a
corregir desequilibrios sociales. El contexto en que situamos el
momento de este análisis y sus proyecciones es el Chile
democrático del 2001, inserto en el mundo global, que
enfrenta el desafío de consolidar su democracia y
propender a hacer más equitativa la distribución de los recursos
públicos.

Aunque en su sentido más general la democracia es
un modelo político nacido en la antigüedad
clásica, la forma de democracia del mundo global de hoy
día es una creación del siglo XX, cuya
extensión se obtuvo a merced de la ampliación del
derecho a sufragio.
Históricamente, el desarrollo de
la cultura
democrática y de sus respectivos valores han
estado
asociados con la economía libre, dice
Robert Dahl(1), la que califica como "capitalista
más que socialista o estatista", entendiendo por tal un
sistema donde la
mayoría de las empresas
económicas están en manos de particulares y no del
Estado. Las entidades económicas (empresas de cualquier
tipo, origen y tamaño: industriales, agrarias,
financieras, etc.) son propiedad de
individuos y grupos, cuyo
objetivo
principal es obtener beneficios económicos, sea en la
forma de salarios,
intereses o rentas. Aquellos que gestionan las empresas no tienen
necesidad de aspirar a objetivos
más amplios y ambiguos, como el bien común general
por ejemplo, sino se mueven por los propios. El mercado es el
lugar donde se producen los intercambios, y dado que estos les
proporcionan las señales
necesarias para adoptar sus decisiones, no requieren ser
provistos de información central (como era el estilo de
las planificaciones centrales estatales), siendo su límite
de operación el marco legal vigente. Este sistema de
decisiones múltiples, que supone la existencia de
intereses diversos y en competencia,
desde este punto de vista, sería el más eficiente
para producir bienes y
servicios.

¿Pero por qué el crecimiento
económico tendría que ser favorable para la
democracia? Dahl responde que éste permite disminuir
situaciones de extrema pobreza y por
tanto, ofrece un mejoramiento general de las condiciones de vida.
De esta forma contribuye también a reducir la intensidad
de los conflictos
sociales y políticos, ya que proporciona más
recursos disponibles para alcanzar un compromiso mutuamente
satisfactorio, donde ambas partes tengan algo que ganar,
disminuyendo al máximo la eventualidad de juegos de suma
cero, en donde la ganancia de uno significa la pérdida del
otro. El crecimiento, además, proporciona a los
individuos, grupos y gobiernos, recursos excedentes que permiten
financiar planes sociales para ir en ayuda de los más
desvalidos.

El capitalismo de
mercado crea un amplio estrato intermedio de propietarios que
buscan fundamentalmente autonomía de las esferas del
Gobierno, cuyos derechos civiles y
políticos están resguardados por el Estado de
Derecho, lo que no significa que estos deseen excluirse de la
participación política, sino por el
contrario, su mismo peso económico los convierte en
actores políticos relevantes que interactúan con el
Gobierno en el proceso de
toma de
decisiones en lo que a ellos les afecta. Este sector no
solamente agrupa a los de mayores recursos, sino que
también forman parte de él los grupos de ingresos medios,
constituyendo un sólido espacio en términos de
independencia
frente al gobierno de turno. Esta visión es similar a la
definición de Tomassini(2) sobre sociedad civil,
quien señala: "la sociedad civil
es el ámbito que no pertenece al gobierno, a las empresas
o a las grandes organizaciones
sindicales, sino a entidades como instituciones
filantrópicas, organizaciones vecinales y locales,
asociaciones de mujeres y de jóvenes y movimientos
religiosos". Este es el espacio de la ciudadanía, y debe su existencia al
desafío que plantearon aquellos grupos ajenos a los
círculos de poder
aristocráticos en tiempos del feudalismo, tales
como comerciantes, banqueros, productores, y por cierto, las
propias ciudades. Ambos autores coinciden en que fue el
crecimiento económico que creó nuevos sectores
adinerados, los que a su vez presionaron al Estado por mayores
niveles de autonomía y lograron obtenerlos.

Ahora bien, Tomasini señala que mientras en las
sociedades del
hemisferio Norte existe una proporción equilibrada entre
gobierno y sociedad civil, en Latinoamérica ésta es mucho menor
por razones culturales. Las tradiciones libertarias, en el
sentido de buscar resguardo de las libertades individuales frente
a eventuales excesos por parte del Estado, son mucho más
fuertes entre los anglosajones que en los latinos. No obstante,
este autor sostiene que una sociedad civil débil debe
evolucionar hacia su fortaleza, porque es el espacio de encuentro
entre la autoridad y el
ciudadano común.

Fortalecer este espacio es una idea compartida
también por Dahl, cuando se refiere a la profusión
de organizaciones intermedias que genera la vida
democrática, y que cumplen el importante rol de mediadoras
entre el ciudadano y el Estado.
Alain Touraine(3), por su parte, analizando el esquema
de internacionalización, señala que el carácter democrático de una sociedad
depende de la capacidad de manejar las distintas demandas que
surgen de la diversidad de intereses y situaciones de las
personas, más que de la separación o
superposición de las esferas institucionales. La
democracia, en su opinión, se define en primer lugar por
la preponderancia de las demandas privadas, individuales o
colectivas, por sobre los principios y
objetivos del poder político. Este movimiento de
abajo hacia arriba es el espíritu democrático
mismo. Este autor postula la subordinación de los agentes
políticos a los actores sociales, lo que a su juicio
asegura la existencia de una verdadera democracia representativa,
de tal manera que se produzca la vinculación de las elites
dirigentes con la base social, que él define como diversa
y con pluralidad de intereses.

Nos estamos aproximando a la paradoja descrita por Dahl
respecto a la vinculación entre democracia y mercado. Dahl
señala que si bien la economía libre es una
condición para la vida democrática, ésta
genera inevitablemente desigualdad en los recursos
políticos de que pueden disponer los ciudadanos.
Así, una economía capitalista de mercado genera
desigualdades políticas,
porque los ciudadanos tienen disparidades en cuanto a la
posesión de bienes económicos. Es así como
los más ricos, que son los menos, alcanzarán una
influencia significativamente mayor sobre las decisiones
políticas y las acciones del
gobierno, que los de recursos limitados y escasos, que son los
más. Estas asimetrías no son de ningún modo
triviales, porque cuestionan la base moral de la
democracia, que aspira a la igualdad
política
entre ciudadanos.

Siguiendo el razonamiento anterior, en Europa Occidental
y en los países de habla inglesa, el
"laisser-faire" del estado liberal no pudo soportar la
presión
de los movimientos de descontento popular y la lección de
estos episodios, es que el capitalismo sin intervención y
regulación estatal no puede subsistir en países
democráticos, al menos por dos razones. La primera apunta
a que las instituciones básicas del capitalismo de mercado
exigen una extensa regulación e intervención
estatal. Asuntos vitales como mercados
competitivos, propiedad de las unidades económicas,
ejecución y respeto a lo
contratado, prevención de monopolios, etc., dependen de
políticas, leyes y acciones
por parte del gobierno. Una economía de mercado entonces
no es completamente auto-regulada, ni tampoco puede llegar a
serlo. La segunda argumenta que de no existir intervención
estatal, muchos individuos y grupos pueden resultar
dañados en este juego de
intercambio. Los actores económicos movidos por su
interés
personal no
tienen incentivos para
preocuparse por el de otros, ni menos por el colectivo cuando se
trata de buscar sus utilidades.

Las respuestas, entonces, las busca el ciudadano en el
gobierno, en las instituciones políticas y en sus
representantes. Y el gobierno se ve obligado a intervenir para
alterar un resultado que de no hacerlo dañaría a
otros ciudadanos.

Desde el punto de vista de Touraine, la democracia tiene
tres objetivos principales:

• Disminuir las distancias sociales, lo que supone
fortalecer el control social y
político de la economía;

• Garantizar el respeto a la diversidad cultural y
la igualdad de derechos cívicos para todos, y

• Tomar en cuenta las demandas de quienes son
usuarios de las prestaciones
sociales, los que no deben quedar reducidos a la simple calidad de
consumidores pasivos.

Acorde con este planteamiento, hoy corremos el riesgo de que una
parte de la población del mundo, y por cierto de cada
país, sea excluida de la civilización globalizada.
En los países occidentales, en particular, donde el nivel
medio de los salarios y la protección social son elevados,
existe una fuerte tendencia a sostener al sector competitivo que
tiene mucho valor agregado
y como contrapartida, aceptar la marginación de los
sectores de baja productividad y
bajos salarios, quienes son los más expuestos a la
competencia de los países más industrializados,
antiguos y nuevos. Pero la segregación no tiene
únicamente repercusiones económicas sino
también sociales, políticas y culturales. Dentro de
este amplio sector, coexisten subsectores que son objeto de
todavía mayor exclusión en el ámbito de las
políticas públicas, como es el caso de los
ancianos, las mujeres, las minorías étnicas. Estas
personas, volviendo a la argumentación de Dahl, carecen de
"recursos políticos", es decir, no tienen peso ni
influencia en el proceso de toma de decisiones, por tanto se
encuentran disociadas de los procesos
democráticos más profundos, si bien generalmente
acuden a expresar su preferencia electoral.

Estos grupos requieren de afirmaciones de voluntad
especiales, en el sentido de declararlos sujetos preferentes de
atención de políticas tanto
públicas como privadas, lo que permite primero que los
gobiernos reconozcan su importancia como tales y segundo, que la
sociedad también los distinga, de tal manera que los
esfuerzos que se emprendan a favor de mejorar su
condición, tengan impacto positivo.

Diseño de políticas
públicas frente al envejecimiento

Referirse a "envejecimiento" significa abordar el
tránsito desde la juventud a la
senectud, mientras que por "vejez"
entendemos la condición o estado de senescente propiamente
tal. Para desarrollar este análisis, utilizaremos una
perspectiva múltiple, en el sentido de incorporar los
aportes de diversas disciplinas, a partir de dos dimensiones
básicas: la primera que alude al proceso centrado en el
individuo, que
se caracteriza por pérdida gradual y progresiva de la
eficiencia
biológica, lo que significa que disminuye la capacidad del
organismo para funcionar adecuadamente. Este menoscabo que
termina en la muerte, es
parte del ciclo vital de todas las especies.

Para ilustrar la dimensión individual de
envejecimiento, utilizaremos la definición del Dr.
Archibaldo Donoso(4): "El avance de la edad es
responsable de cambios morfológicos y funcionales en todos
los órganos y parénquimas: se traduce en problemas en
el aparato locomotor, la piel, los
sistemas
digestivo, respiratorio, inmunológico, nervioso central y
periférico, entre otros. Sin embargo estos cambios
llamados fisiológicos, por tanto esperados a esta altura
de la vida, son frecuentemente complicados por la existencia de
patologías crónicas, tales como la hipertensión, diabetes,
osteoporosis,
cataratas, patologías dentales y trastornos emocionales
para enumerar a los más conocidos". Estas alteraciones
sumadas al deterioro "normal", demandan mayores exigencias en
cuanto al manejo del adulto mayor como problema médico, lo
que tuvo como consecuencia que en nuestro país hasta los
años '90 se mantuviera una idea de atención
centrada en los aspectos terapéuticos
("medicalización" del manejo del adulto mayor), en
desmedro de una perspectiva más integral.

La segunda dimensión es social, en el sentido que
son las condiciones propias de cada sociedad las que determinan,
en último término, cuántos años y con
qué calidad va a vivir una persona mayor. De
acuerdo a este enfoque, existe una relación entre la edad
cronológica de los individuos y las funciones que se
asignan a los miembros de una comunidad dada,
resultante de un sistema de racionalización del tiempo
biológico, adaptado a los distintos roles que los
individuos deberían ir cumpliendo en sus etapas de la vida
como parte de ese conjunto social. Este concepto es la
llamada "edad social". Ambas dimensiones están en
constante superposición y no pueden tratarse en forma
aislada.

La evolución de las distintas etapas de la
vida humana, entonces, está relacionada con el papel
más o menos activo que desempeña el individuo en la
sociedad, de tal manera que se es más dinámico en
las más tempranas y menos en las más
tardías. En estas últimas, es frecuente que las
personas suspendan sus obligaciones
laborales y comiencen a depender cada vez más de sus
familias, de su comunidad y de la sociedad. Si bien esta
transferencia es gradual, ocurre dentro de los contextos
históricos, culturales y sociales propios, es de todos
conocida y en muchos casos hasta anhelada y tiene un fuerte
impacto en las condiciones de vida del afectado.

Hablamos de "población envejecida" cuando se ha
alterado la composición por edades, y se registra un
aumento sostenido, absoluto y relativo, de personas mayores de
60, mientras los menores de quince años disminuyen su
representatividad porcentual. Lo que está ocurriendo es
una transición demográfica, entendiendo por tal un
evento de larga duración que se desarrolla entre dos
extremos: el primero se acompaña de altas tasas de
natalidad y de mortalidad, lo que se traduce en bajo crecimiento
demográfico. En el otro margen encontramos que las tasas
de natalidad y de mortalidad han disminuido y el crecimiento
demográfico vuelve a ser bajo. En medio de este proceso,
la mortalidad bajó mucho más rápidamente que
la natalidad dando paso a un crecimiento demográfico
explosivo.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, INE(5), a comienzos
del siglo XX los adultos mayores eran algo más de 200.000
personas, en 1950, 417.000, en el 2000, 1.550.000 y el 2021
serán 3.100.000. Los adultos mayores chilenos se
duplicaron en la primera mitad del siglo y se cuadriplicaron
durante la segunda mitad, esperándose que nuevamente se
dupliquen al final de la segunda década del XXI. Por el
contrario, se advierte una rápida disminución del
porcentaje de 15 y menos años, aumentando la
población de edades más avanzadas. De esta forma,
al año 2010 habrán 50 adultos mayores por cada 100
menores de 15 años y en el 2034 estos montos se
igualarán.

Durante la segunda mitad del siglo XX Chile
alcanzó bajos niveles de fecundidad asociados a
también baja mortalidad. En el caso chileno(6),
entre 1955 y 1962, la fecundidad de las chilenas era un poco
superior a 5 hijos por mujer, ocurriendo
el descenso más importante entre 1963 y 1980, de tal forma
que en el año 1994 el promedio de hijos por mujer era de
2.6, valor relativamente estable desde hacía una
década. Respecto a la mortalidad, se advierte su
disminución desde hace más de 60 años. En el
quinquenio 1970-75 la expectativa de vida era de 64 años
para ambos sexos, en 1980-85 ascendió a 71 años,
con diferencias a favor de las mujeres, mientras que en 1995-2000
es de poco más de 75 años, siendo 72 para los
hombres y 78 para las mujeres. Uno de los aspectos más
relevantes que ha contribuido a bajar la mortalidad general ha
sido el descenso de la mortalidad infantil. Los procesos
migratorios, que son el tercer componente de la dinámica poblacional, no han tenido mayor
relevancia en el caso chileno.

Las estadísticas mencionadas nos señalan
que el principal agente causal de este fenómeno ha sido el
cambio del
patrón reproductivo de la mujer a partir
de la segunda mitad del siglo pasado, manifestación que
debe ser interpretada como una tendencia generalizada en el
contexto de la cultura occidental. A lo largo de la historia, cuando los
países se vieron involucrados en guerras
internas y/o externas, las mujeres asumieron gran parte de las
tareas productivas que realizaban los hombres, pero a medida que
el siglo XX avanzó, ellas se interesaron cada vez menos
por volver a sus esferas habituales. Por una parte, las
condiciones de precariedad económica de la post guerra las
incentivaron a buscar trabajos remunerados para ayudar a sus
familias, mientras por la otra, cobraban fuerza las
demandas por la incorporación femenina a la vida
política, especialmente aquellas centradas en obtener el
derecho a sufragio para continuar con reconocimiento laboral
igualitario y, últimamente, con exigencias asociadas al
concepto de género. En
Chile, la masificación del uso de anticonceptivos orales e intra-uterinos de finales
de los '60, provista ampliamente a través de los servicios
de salud del estado,
hizo realidad que la mujer pudiera optar con éxito a
limitar su familia. Esta fue
una innovación sin precedentes, por cuanto esta
política de estado permitió a las mujeres construir
proyectos
culturales propios, a través de su incorporación al
mundo laboral y del desarrollo de áreas de intereses
distintos al ámbito familiar, más ajustados a su
crecimiento personal.

Cuando en las últimas décadas del siglo XX
se reconoció la tendencia al predominio de habitantes
mayores, se produjeron acalorados debates entre defensores y
detractores de la planificación
familiar, considerada como ya señalamos, la
intervención responsable de la baja de la tasa de
fecundidad en Chile. Durante los años del Gobierno
Militar, la baja del crecimiento generó inquietudes
geopolíticas arraigadas en la percepción
que los países con mayor población tendrían
más poder político y económico. Se
optó entonces, por una política de población
orientada a estimular el crecimiento por la vía de
dificultar el acceso a la contracepción, pero la verdad es
que no tuvo resultados prácticos, porque el manejo
anterior dirigido a la disminución de los embarazos no
deseados no fue solamente una intervención médica,
sino una profunda acción
educativa de toma de conciencia acerca
de la paternidad responsable por una parte, y por la otra, un
reconocimiento hacia el rol de la mujer en la vida activa, lo que
tuvo como consecuencia el cambio cultural ya descrito.

Durante el Gobierno Militar no hubo intervenciones en la
forma de política de Estado en el campo del
envejecimiento, sino más bien efectos de acciones
generales derivadas del
gran objetivo de modernización hacia un modelo
económico neoliberal, siendo para nuestro estudio la de
mayor relevancia la de Seguridad
Social. Entre los años 1980 y 1981, el Estado
traspasó responsabilidades a los privados constituidos
como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), destinadas a
tutelar el ahorro de los
trabajadores para el momento del retiro, pero siguió
manteniendo a los de menores recursos en el Instituto de Normalización Previsional, INP. Al mismo
tiempo se implementó un sistema paralelo de salud privado,
ISAPRES, para los de mayores medios. La Seguridad Social
de los chilenos es desde entonces un sistema mixto, que descansa
en un pilar público y en otro privado. En el mismo
período se registra una medida política de
injerencia negativa, cuando producto de la
recesión económica de los años 1982-1983, el
reajuste del 10.6% que correspondía aplicar a los
jubilados no fue cancelado, en virtud de otras prioridades. Esta
deuda fue saldada sólo parcialmente en 1995, porque los
montos pagados no correspondían exactamente a los
adeudados(7). Otras intervenciones tuvieron
carácter asistencial tales como: la creación de la
Pensión Asistencial, PASIS, exclusiva para ancianos
calificados en tramos de pobreza de acuerdo al instrumento de
medición de la época;
CONAPRAN, Corporación Nacional para la Protección
de la Ancianidad, la
organización de voluntariado femenino que
agrupó ancianos en clubes con fines recreativos y
asistenciales; y una política de reajuste de pensiones
automática cuando el IPC llegaba a acumular
15%.

En los primeros años del retorno
democrático el Gobierno se abocó a la
elaboración de una política específica para
el adulto mayor a través de MIDEPLAN(8), a partir
de un razonamiento metodológico de "inversión en capital humano"
como alternativa integral para superar la pobreza, a
través de un proceso de "identificación de
colectivos", estrategia que
buscaba reconocer ciertos grupos
sociales como sujetos preferentes de atención, dentro
de los cuales considera a niños,
jóvenes, discapacitados, pueblos nativos, mujeres jefes de
hogar y tercera edad, lo que condujo a la elaboración de
la Política Nacional sobre Envejecimiento y Vejez:
Lineamientos Básicos. Este fue el primer documento
oficial que reconoció explícitamente el cambio
demográfico experimentado en Chile hacia el envejecimiento
de su población, reconociendo a los mayores como uno de
los sujetos prioritarios de cobertura de la política
social integral del Gobierno.

En este contexto, ellos han sido definidos como actores
de su propio proceso de envejecimiento individual y
también social. De esta forma se busca desplazar por una
parte, los antiguos enfoques caritativos donde el sujeto era
más bien una víctima que un objeto de
atención; y por la otra, la orientación
preponderante hacia los aspectos médicos curativos. Este
carácter le otorga la dimensión de "envejecimiento
activo", según el cual las personas mayores son miembros
tan útiles a la sociedad como los otros, por tanto
interesa facilitarles interactuar en el máximo de los
niveles, para poder recoger su aporte familiar, comunitario y
político. La intervención estatal frente al
envejecimiento es entendida como una acción emprendida por
varios sectores del aparato público, que genera acciones a
partir de precisiones sobre coberturas esperadas frente a
necesidades físicas, materiales, de
integración social y política y
recreativas.

En enero de 1995, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle
designó como su organismo asesor en la materia a la
Comisión del Adulto Mayor, la que tuvo por encargo
confeccionar una Política Nacional, promulgada en 1996.
Este discurso
oficial apunta a que el Estado debe cumplir con su rol
subsidiario en favor de esta población, produciendo los
recursos que permitan realizar las acciones planificadas en la
Política Nacional, lo que permitirá que se les
otorguen subsidios directos e implementar los planes y programas
específicos, declarándose a sí mismo actor
principal y promotor del cambio, en cuanto a superar el enfoque
predominantemente asistencial que se había llevado hasta
entonces y además, como el ente coordinador de las
acciones de distintos sectores de su dependencia involucrados en
la atención del senescente, actividad a la que le atribuye
gran importancia, dado que hay un reconocimiento explícito
de frustración de acciones anteriores dirigidas a esta
población objetivo, por la falta de sistemas de enlace que
permitieran tener evaluaciones adecuadas de las prestaciones que
se estaban entregando.

Se determina asimismo los tipos de servicios a entregar
a partir de diagnósticos multisectoriales y finalmente, el
Estado delimita responsabilidades frente al cuidado del adulto
mayor, propendiendo a un papel activo por parte de la familia en
primera instancia y también de la comunidad. Hay un gran
énfasis discursivo en cuanto a que la responsabilidad de atención del adulto
mayor debiera ser asumida sin que el senescente sea apartado de
su entorno familiar habitual, y se expresan repetidas alusiones a
su integración activa al medio social.

Imaginario del
envejecimiento

No es infrecuente, dice el Dr. Fernando
Lolas(9), "en personas sanas que envejecen, encontrar
que el Yo carece de edad, mientras las otras personas a su
alrededor perciben una serie de cambios. Esta dualidad entre la
consideración externa y la interna es crucial para
entender algunos problemas psicológicos asociados a esta
etapa de la vida. El "sentido" que dan los demás a una
vida, contrasta a veces agudamente con el "significado" que a
sí mismas se dan las personas. El sentido social
está asociado a la ética del
trabajo. Hacer
es más importante que ser, y ésta es la base de la
asignación usual de categorías entre adultos. El
significado personal en cambio, es una construcción individual de identidad. Y
así como hay una discrepancia entre el cuerpo percibido
por las propias personas y el mismo cuerpo percibido por otros,
así también la imagen interna
difiere al ser construida por el sujeto o por el grupo al cual
pertenece".

Las imágenes
que tiene la sociedad actual respecto a la senectud, tanto las
que elabora quien está experimentando el proceso como sus
cercanos y la sociedad en general, corresponden a patrones
culturales de "negación", vale decir, de no querer
reconocer que el envejecimiento es una situación
insoslayable para el ser humano, aun el del siglo XXI, miembro de
una sociedad que ha logrado tantos avances científicos y
tecnológicos cuyos beneficios deberían ser capaces
de aminorar las condiciones ingratas asociadas a este proceso.
Nuestra aldea global refuerza constantemente esta idea, apoyada
por los medios de
comunicación. Así, el intentar detener o
retardar el envejecimiento se ha convertido en una
obsesión y también en una nueva y prolífica
fuente de ingresos al crear un hábito de consumo
diferente, lo que permite vender exitosamente una enorme gama de
productos y
servicios tales como cirugías, cosméticos, aparatos
de ejercitación física, vestuario,
alimentos
especiales, suplementos vitamínicos, antioxidantes,
entre otros.

La vejez es percibida y transmitida como una
situación angustiosa, estereotipada en imágenes de
ancianos enfermos, inválidos, que sufren graves
alteraciones emocionales, y que por sobre todo, representan una
carga emotiva y económica para sus familias, sea que
compartan el hogar con sus parientes, vivan solos o estén
internos en instituciones especiales. Los medios de
comunicación en general se refieren al "problema de
envejecer", como algo completamente ajeno a las realidades
individuales de todos los involucrados en el proceso
comunicacional. Es como si comunicadores, lectores, auditores o
tele espectadores estuvieran completamente a salvo de vivir este
tránsito. Esto se expresa abundantemente en documentales y
programas testimoniales que ilustran destructivamente este paso y
también en la ausencia de imágenes de adultos
mayores en la
televisión. Son muy escasos los conductores de este
grupo de edad en la programación de alto rating, ya
que la televisión
chilena en general (y un poco menos la internacional), privilegia
programas de contenidos y figuras muy juveniles, en desmedro de
los mayores.

Pero: ¿cómo se ven los adultos mayores a
sí mismos? Al respecto son muy interesantes los resultados
del estudio auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud y
realizado por el sociólogo Oscar Domínguez, sobre
la base de entrevistas
realizadas en un universo de 1.572
adultos mayores de las comunas urbanas de la Región
Metropolitana(10), que entrega la percepción de
los senescentes frente a su propia salud y funcionalidad para las
actividades cotidianas, como indicadores de
bienestar físico, mental y social.

Según los propios ancianos, sus problemas
más importantes estaban relacionados con las exigencias
económicas y de salud, representando lo económico
la principal preocupación para los menores de 75, mientras
la salud se manifestó como tema prioritario sólo en
los grupos más altos, especialmente en mujeres. Este
hallazgo es relevante y reafirma lo aseverado antes por el Dr.
Lolas, acerca de las enormes diferencias que existen entre la
percepción individual y social respecto al envejecimiento.
En cuanto a sus aplicaciones operacionales, plantea relegar
definitivamente las orientaciones de las políticas
dirigidas a la vejez, basadas en el tradicional acondicionamiento
cultural de tender a considerarlos como "enfermos", puesto que
aquí se reveló que el 65% de los interrogados se
sentía "sano" y además, tenían buena
capacidad para cuidar de sí mismos. Para conocer su
medida, se elaboró un Índice de las Actividades de
la Vida Diaria (AVD) que permite agrupar a la población
objetivo en tres categorías: los auto-valentes, que
desarrollan su vida normalmente sin ayuda; los que requieren
ayuda para determinadas actividades, y los frágiles e
inválidos, que están impedidos de atender a su
cuidado sin asistencia. Esta clasificación permite
identificar los servicios de apoyo necesarios para conservar la
autonomía o atenuar la dependencia según el caso.
Los resultados muestran que el 66.7% de la población mayor
cubierta en este estudio puede definirse como funcionalmente
sana, capaz de llevar una vida independiente, 30% son
funcionalmente frágiles, es decir requieren auxilio para
ciertas actividades, y el 3.3% es funcionalmente dependiente y
padece invalidez severa.

El 71.9% de ellos declaró tener algún
problema de salud al momento de ser interrogado, más las
mujeres que los hombres. Entre los problemas que ellos
señalaron con mayor frecuencia estaban los asociados al
aparato
circulatorio, al sistema osteo-muscular, traumatismos,
accidentes y
enfermedades de
los órganos de los sentidos.
Respecto a estas últimas alrededor del 30% refirió
problemas secundarios para enfrentar sus actividades diarias por
disminución de la visión y un 12% de
audición. Al 28% de los entrevistados la falta de piezas
dentales le impedía la masticación. Por tanto
podemos inferir, que existe un 30% de adultos mayores que
requieren obtener soluciones
relativamente simples y de bajo costo para
mejorar sus capacidades.

A pesar de esta optimista evaluación
de sí mismos y la abierta discriminación en contra del envejecimiento
de los medios, el sillón o la cama frente al televisor
siguen siendo "el lugar más cómodo" donde el
senescente pasa gran parte de su tiempo, sea en su hogar o en
instituciones. Aquí el adulto mayor, cuya identidad propia
se ha ido desdibujando a medida que va tomando conciencia tanto
de sus limitaciones físicas y psicológicas como de
sus dificultades para mantenerse inserto en el diálogo
familiar y social, se adueña de ficciones ajenas que le
permiten disociarse de su propia realidad. Sin embargo, esta
situación no es muy distinta en otros grupos, puesto que
los chilenos de todas las edades pasan alrededor de dos a tres
horas diarias frente al televisor. Resulta apropiado entonces,
asociar el potencial de la televisión a la introducción y transmisión de
mensajes destinados a cambiar la imagen social de los ancianos.
Pero la empresa no
deja de tener sus dificultades.

La televisión es un sistema centralizado de
narrar la historia. Sus dramas, anuncios, noticias y
otros programas llevan a un mundo relativamente coherente de
imágenes y mensajes comunes a cada hogar televidente. Las
generaciones actuales nacieron dentro del ambiente
simbólico de la televisión y viven con sus
respectivas lecciones a lo largo de la vida. La televisión
cultiva desde el principio las predisposiciones genuinas que
influyen en los usos y selecciones culturales futuros.
Trascendiendo barreras históricas de cultura y movilidad,
la televisión se ha convertido en la principal y
más común fuente de cultura cotidiana de una
población diversa y heterogénea como la nuestra.
Muchos de los que actualmente dependen de la televisión,
nunca, anteriormente, habían tomado parte en una cultura
política nacionalmente compartida. La televisión
suministra, quizás por primera vez desde la religión
preindustrial, un fuerte vínculo cultural entre las elites
y el resto del público, un ritual diario compartido y con
contenido altamente informativo e
irresistible(11).

La televisión detona el proceso de influencia en
la opinión
pública, porque apela en primer término al
elemento visual, apoyado con sonidos, diálogos y relatos.
Las series y películas de todo tipo captan
fácilmente la atención de la audiencia, porque sus
formatos de dramatización apoyados en imágenes y
mensajes tipo ideas fuerza así lo permiten. Pero los
contenidos son intencionados, de tal manera que muchas veces la
programación tiende a sobre representar a ciertos grupos
que responden a los parámetros estéticos y
políticos deseables, por ejemplo blancos, heterosexuales,
jóvenes, delgados, altos, en desmedro de minorías
étnicas, ancianos, obesos y enfermos. O bien, si estos
modelos llegan
a ser abordados, generalmente se hace en la forma de
presentación de un problema, llamando la atención
del televidente sobre la necesidad de corregir y evitar, pero
rara vez de aceptar una condición dada.

La transmisión de valores y creencias, que a su
vez generan actitudes de
aceptación o de rechazo frente a determinadas posturas,
también se realiza de modo más sutil a
través de la emisión de noticias "objetivas" y de
programas de entretenimiento, aparentemente libres de toda
manipulación política. Pero la verdad es que
ninguna comunicación es neutra y todas ellas, en
mayor o menor grado, entregan adjuntos que buscan lograr un
determinado efecto en el público, sugiriendo claramente
una forma sesgada de ver la vida, lo que constituye
manipulación franca. Por tanto, habría que
considerar como elementos de información y socialización política no
sólo a las comunicaciones
que van explícitamente en ese sentido, sino también
a todas aquellas que implícitamente tratan sobre
ello.

Otro tema que se debe examinar es la finalidad que
persiguen los medios de comunicación y, más
concretamente, la televisión. Esta cuestión parece
un tanto baladí porque se puede responder de inmediato que
sus objetivos son la información y el entretenimiento.
Esto es cierto, pero no debe olvidarse que ante todo son empresas
y como tales persiguen la obtención de beneficios
económicos, algo perfectamente acorde con el esquema de
libre mercado en que estamos insertos. Esos beneficios se logran,
como es sabido, a través de los anunciantes que pretenden
hacer llegar sus productos al mayor número posible de
personas. Por tal motivo, la prioridad en la programación
televisiva es captar a la mayor audiencia posible y
preferentemente, al segmento con mayor capacidad de consumo.
Respecto a nuestra población objetivo, aproximadamente el
90% de los adultos mayores (recordemos como dato ilustrativo que
solamente el 8% de ellos están afiliados a ISAPRES),
tienen más o menos disminuida su capacidad y potencialidad
de consumo por sus bajos ingresos; por tanto, no resultan un
mercado publicitario atractivo. Educar utilizando la
televisión entonces, requiere implementar acciones que
promuevan la asociación del Estado con privados, para
proveer espacios financiados que permitan introducir los mensajes
positivos deseados. De no existir esos apoyos, no sería
posible intervenir en forma sostenida por este medio.

La calidad de vida

Nuestra perspectiva de análisis es la de
considerar el envejecimiento como un evento fisiológico,
que si bien está presente durante toda la vida se hace
más intenso en las últimas décadas, y se
expresa en dificultades para la adaptación tanto del
organismo frente al propio Yo biológico y
psicológico, como frente al medio social en que se
desenvuelve quien alcanza la senectud. Uno de los desafíos
más importantes en la geriatría de hoy es poder
definir qué es el "envejecimiento sano", en el sentido de
establecer la frontera con
lo patológico. Sabemos que en el envejecimiento
biológico tienen participación factores tales como
la herencia, el
sexo, los
estilos de vida, el ambiente, estado nutricional, los niveles de
ingreso y educacionales, la actividad laboral desarrollada en la
época activa, sus condiciones de vivienda en
términos arquitectónicos y familiares, etc. El
conjunto de estas y otras variables nos
lleva a la elaboración del concepto "calidad de
vida", recurriendo para efectos de este análisis a la
elaboración de F. Lolas(9).

El concepto de "calidad de vida" considera que la
subjetividad es un elemento esencial, por tanto la expectativa es
ante todo individual. Externamente, podrá afirmarse que
una calidad de vida es mejor o peor, pero en último
término es la propia persona la que la valida. En la
senectud esto es una crucial fuente de conflictos y por cierto de
reflexión moral. Cuando se piensa en forma
analógica, basándose en los propios criterios, es
difícil hacer justicia a los
demás. Se descubre que individuos gravemente limitados,
viviendo vidas casi inhumanas, aun en las peores circunstancias,
desean conservarlas. En otros casos, no se entiende por
qué alguien desea terminar su propia vida si a juicio del
observador, posee bienes materiales y espirituales suficientes.
Esto ocurre porque existen profundas anomalías que
conducen a percepciones erróneas acerca de la
relación interpersonal, porque son elaboraciones que
desconocen al otro como agente autónomo. Parte de esta
anomalía deriva de las buenas intenciones o de lo que se
cree que es solidaridad, que
conduce frecuentemente a los seres humanos, cual más cual
menos, a practicar el paternalismo, que no es otra cosa que hacer
el bien al otro sin dejarle la posibilidad de negarse.

La "calidad de vida" es multidimensional, por tanto no
puede evaluarse atendiendo solamente a los bienes materiales o al
estado de salud. Debe comprender el estado físico, la
espiritualidad, la capacidad de desplazarse, la independencia, la
satisfacción, esto es, innumerables dimensiones. No es de
extrañar entonces, que en algunos aspectos haya mayor
precisión que en otros, siempre teniendo en cuenta que lo
que es estimado como bueno, pueda variar según el tipo de
escala o la forma
de medir. Así llegamos al tercer elemento del concepto: su
complejidad, producto de la heterogeneidad. El cuarto componente
es que calidad de vida es un concepto dinámico, por tanto
varía con el paso del tiempo. De esta forma, la
apreciación al respecto que se tiene a los veinte
años es distinta a los cuarenta o cincuenta, no solamente
porque algunas preferencias han cambiado, sino porque
determinadas limitaciones fisiológicas imponen diversos
tipos de satisfacciones, y por que además, el propio
criterio con que se evalúan las cosas cambia. Una
cuantificación o una evaluación cualitativa que no
tome en cuenta este hecho, perderá algo indispensable para
comprender la diversidad por edades.

Si se comparan dos grupos de senescentes dentro de un
mismo rango de edad, podemos advertir pérdidas distintas,
de modo que lejos de constituir los ancianos un grupo uniforme,
se caracterizan por ser en extremo diversos entre sí. No
todos los sistemas orgánicos y los atributos
psicológicos envejecen al mismo ritmo. Y ello induce a
más diferencias individuales. Así, hay sujetos
más añosos en su sistema
cardiovascular que en su sistema gastrointestinal. Hay
algunos cuyas funciones cognoscitivas quedan intactas por mayor
tiempo. La característica esencial es que cuesta
evidenciar el cambio. Primero por los atributos y la complejidad
de la calidad de vida y luego por la mayor diferenciación
que las experiencias vitales introducen en las personas. En
épocas anteriores, tales cambios no alcanzaban a mostrarse
en plenitud, simplemente porque las personas morían
antes.

Proponemos adoptar este concepto "calidad de vida" en
sus posibles aplicaciones para el estudio y elaboración de
políticas públicas en beneficio de la
población de adultos mayores, teniendo en cuenta que por
ser un concepto subjetivo, multidimensional, complejo y
dinámico, es el marco que ofrece la mejor interpretación integral para abordar
futuras acciones.

La salud

Sabemos ya que el adulto mayor es un sujeto vulnerable
en muchos sentidos y uno de ellos es que enferma con mayor
frecuencia que otros grupos de edad(12). En la salud
chilena existe un sistema mixto, con un componente público
mayoritario y una pequeña porción de afiliados a
instituciones privadas. Aproximadamente el 75% de todos los
adultos mayores del país son beneficiarios del sistema de
salud público, dos de cada tres tienen derecho a recibir
atención gratuita en los establecimientos estatales y
FONASA, grupos A y B. Solamente el 8% de la población
mayor chilena está adscrita al sistema de salud privado,
ISAPRES. De este modo podemos asegurar que el 50.1% de los
adultos mayores del país dependen del estado para
recuperar su salud. Esta carga irá en aumento. Mientras
hoy día hay 700.000 beneficiarios, el 2010 ellos
habrán aumentado a cerca de un millón. En mayo del
2001, se eliminó el pago compartido de
hospitalización en establecimientos públicos a los
beneficiarios adultos mayores afiliados a FONASA, iniciativa que
sin duda contribuirá a mejorar el acceso de los ancianos
enfermos al sistema.

La perspectiva del equipo de salud da cuenta de la falta
de servicios especializados en adulto mayor, respecto de recursos
humanos debidamente entrenados y de establecimientos de
atención, sea en el nivel primario o de mayor complejidad.
Persiste todavía, aunque en menor grado, la tendencia
curativa del modelo de atención que favorece largas
hospitalizaciones que les generan otros problemas adicionales,
tales como aumentar sus dificultades locomotoras, exceso de
consumo de medicamentos, y lo que es más grave, predispone
a la desvinculación de los familiares una vez que el
anciano ingresa al hospital. Se señala además, que
pese a los esfuerzos realizados, aún persiste la falta de
coordinación entre el sector salud con
otros sociales y comunitarios, y a pesar que es una
recomendación de larga data, todavía no se dispone
de alternativas reales para asistir a los ancianos
frágiles que permanecen en sus domicilios sin trasladarlos
a centros asistenciales.

La atención de salud del senescente debe ser
llevada a cabo por un equipo transdisciplinario, debidamente
entrenado. Aquí tiene especial importancia la
formación académica de postgrado en
gerontología, la que se está abordando a
través de algunas universidades, pero todavía dista
de alcanzar niveles de suficiencia. Referente a lo mismo, es muy
importante disponer de recursos humanos y materiales
especializados en gerontología no solamente en la
Región Metropolitana (donde también son escasos)
sino en aquellas regiones más envejecidas: IV, IX y X, y
también donde se concentra la población de
senescentes más pobres: VIII, y otra vez la IX y IV. Ahora
bien, todo este proceso terapéutico debe esforzarse en
considerar al paciente anciano sujeto y no objeto de las
atenciones recibidas. Por una parte, él o ella deben ser
capaces de valorar los progresos, retrocesos o situaciones
estacionarias que van experimentando con el tratamiento, y por la
otra, las normativas y los programas deben tener cierta
flexibilidad para poder respetar estas diferencias individuales,
lo que es una permanente tensión frente a la
cuantía siempre escasa de recursos.

La recuperación de la salud del adulto mayor debe
ser entonces, una propuesta integral que a partir del
reconocimiento y aceptación de la subjetividad del
anciano, se oriente hacia la satisfacción de la
dimensión individual, para desde allí proyectar el
impacto colectivo que estamos preconizando. Esta modalidad
además, permite dar satisfacción a la idea de Alain
Touraine(3) que analizamos al comienzo, que
señala que en democracia los consumidores de los bienes
públicos (en este caso de la salud
pública) deben ser activos
contralores de la calidad de los servicios que están
percibiendo y no limitarse a ser receptores pasivos, como sigue
siendo hasta ahora.

La seguridad social

Es en este campo donde notamos con mayor fuerza la
presencia de la economía de mercado, al coexistir un
sistema mixto. En lo privado, se define como un régimen
jurídico institucional basado en la creación de un
fondo individual de capitalización, compuesto por las
cotizaciones del afiliado y las rentas que obtiene a lo largo del
tiempo la respectiva administradora y que al final de la vida
laboral constituye un capital con el
cual se puede contratar un seguro de renta
vitalicia, un retiro programado del capital o una renta temporal
con renta vitalicia diferida. De este modo, la suficiencia y la
cobertura están determinados por el capital así
formado. En todo caso, hay una garantía estatal
mínima determinado por ley. Actualmente
hay alrededor de seis millones y medio de personas afiliadas al
sistema privado, sostenidas por aproximadamente la mitad que son
los cotizantes, distribuidos en ocho instituciones o
administradoras (AFP).

El sistema público opera a través del
Instituto de Normalización Previsional, INP, encargado de
administrar tanto el pago de pensiones ya causadas como de las
que se ocasionen en el futuro en beneficio de sus actuales
imponentes. A diferencia del anterior, éste es un gasto
que en su mayoría asume el Estado directamente. El INP
paga alrededor de un millón de pensiones anuales, sea por
antigüedad, vejez, invalidez o sobrevivencia. Al mismo
tiempo, debe concurrir con los imponentes que se mantuvieron en
el sistema antiguo, y que incluye más o menos a 300.000
personas. Además, se contempla otra modalidad consistente
en la asignación de Pensiones Asistenciales (PASIS) para
mayores de 65 años en situación de pobreza. Este
tipo de asignación ha venido a cubrir parcialmente a
quienes por la insuficiencia de años o falta de
cotizaciones previsionales no tienen derecho a jubilación.
Ahora bien, a los gastos de
recursos fiscales ya señalados debe sumarse otro
más: el relativo al financiamiento
de bonos de
reconocimiento de aquellos que se trasladaron desde el antiguo al
nuevo sistema.

Cifras recientes muestran que en torno al 40% de
la población adulta mayor no está afiliada a
ningún sistema previsional y cuya responsabilidad debe ser
asumida por el Estado. De quienes reciben jubilación o
pensión, un 72,2% está adscrito al Instituto de
Normalización Previsonal y el 11,8% se ha pensionado a
través de una AFP (CASEN, 1998). Como vemos, persisten
importantes sectores de trabajadores independientes, sean a
tiempo completo, parcial u ocasional que no están afectos
a sistema previsional alguno, cuyos ingresos generalmente son
mínimos e inestables (de hecho, sólo el 2% de los
adultos mayores reciben ingreso producto de traspasos estatales
vía subsidios monetarios). En este segmento del
análisis es conveniente recordar la situación
generalizada de desventaja económica histórica que
tienen las mujeres jefes de hogar frente a los hombres, lo que se
traduce en menores ingresos y bajas coberturas previsionales,
todo lo cual redunda en una mayor probabilidad de
enfrentar condiciones agudas de pobreza, tanto ellas como sus
familias. A esto es necesario agregar que independientemente del
género, las oportunidades para el adulto mayor de obtener
mejores condiciones laborales son bastante menguadas, frente a la
severa competencia con las generaciones más jóvenes
y con mejor nivel de educación.

El adulto mayor, antes y ahora, accede al sistema de
seguridad social principalmente por causales de edad. Esta
situación general no da cuenta de las diferencias al
interior del mismo grupo etario que analizábamos antes,
puesto que hay un progresivo aumento de la vulnerabilidad del
adulto, y por ende, mayores necesidades mientras más se
avanza en edad. Un progreso al respecto es que el monto de las
pensiones mínimas ya ha sido incrementado si el
beneficiario es mayor de 70 años, pero salvo en este caso,
la mayor edad no ha sido incorporada como parámetro para
elaborar políticas de seguridad social que permitan
definir otros beneficios distintos.

El sistema privado de pensiones sí contempla el
avance de edad a través de la capitalización
individual, dependiendo el monto de la pensión que se
obtiene del ahorro acumulado. Pero lo anterior es impracticable
en períodos de cesantía, cuando simplemente debe
cesar el ahorro hasta que se obtenga un nuevo empleo,
disminuyendo su fondo de capital en relación al tiempo que
el trabajador permanece desempleado, a menos que él mismo
después lo reponga. Para esta eventualidad no hay una
solución legal que permita una intervención en
favor de los afectados. Asimismo, el monto del capital depende en
gran parte de la rentabilidad
que obtengan las administradoras, gestión
que ha tenido resultados negativos en varias oportunidades
durante los últimos dos años y ha ido en desmedro
de quienes debían acogerse a jubilación entonces y
más adelante.

En el presupuesto 2001,
el gobierno incorporó la partida "superavit estructural",
que significará introducir un ahorro fiscal similar
al 1% del gasto anual. Parte de estos recursos serán
destinados a resolver el tema previsonal del futuro, por cuanto
por las razones que ya hemos analizado, una parte significativa
de quienes se acogerán a retiro en los próximos
años con el sistema de capitalización individual,
recibirán montos inferiores a las pensiones
mínimas.

A fines del 2000 se aprobó una propuesta
tendiente a igualar montos de pensiones mínimas y que
además eliminará progresivamente los pagos
adicionales -entre 2% y 4%- que los jubilados deben efectuar
además de su cotización de salud obligatoria del
7%. La distorsión venía produciéndose desde
1988, año en que fue promulgada la ley 18.754, que
estableció el pago del 7% del salario para
salud. En esos años existían 38 cajas de
previsión distintas y cada una de ellas operaba con sus
propios montos. Después de la promulgación de la
ley mencionada, siguieron incautándose a los pensionados
las sumas complementarias, las que pasaron a formar parte de un
fondo solidario. La modificación permitirá
financiar este fondo con recursos fiscales, lo que significa un
aporte de 12.500 millones de pesos, que se realizará en
tres etapas: un tercio de los jubilados cesará su
obligación de pago al 1 de julio del 2001, el segundo
tercio a contar del 1 de enero del 2002, y el último a
partir de julio de ese mismo año.

Pero el intento de mejorar ingresos, siendo uno de los
elementos más importantes para una vejez tranquila, no es
el único. Aquí cobran relevancia los servicios
sociales que puedan implementarse, tanto de iniciativa
pública como privada, los cuales tenderán a
favorecer su reinserción en la vida social. Uno de los
aspectos más relevantes a juicio de los expertos
consultados para este artículo, es la posibilidad de que
este grupo poblacional pueda desarrollar un trabajo creativo, no
sólo como fuente generadora de ingresos monetarios, sino
además como provisión de espacios para el desarrollo
personal. Es recomendable intentar generar ocupaciones con
jornadas flexibles, donde puedan transmitir su experiencia y
conocimientos a los más jóvenes, como por ejemplo
asumiendo tareas en las organizaciones intermedias o
comunitarias. Estas actividades permitirían además
la reproducción de ambientes proclives a la
realización de acciones educativas complementarias, tales
como estimular la creación de comportamientos orientados
al cuidado de sí mismos y desarrollar habilidades para
mejorar sus relaciones familiares y sociales.

La educación

Los resultados de la CASEN 1998 indican que un 15% de
los adultos mayores son analfabetos; el porcentaje promedio en la
población total es de 4,6%. El analfabetismo
en los adultos mayores es levemente superior en las mujeres que
en los hombres: un 15,6% frente a un 14,1%. Sabemos que han
habido avances al respecto, especialmente en cuanto a corregir
condiciones de analfabetos por desuso a través de algunos
programas especiales implementados en varios municipios. Pero no
obstante, tanto la escasa instrucción primaria como la
menguada capacidad de lecto-escritura son
condiciones altamente negativas para poder realizar acciones
tanto de valoración personal como de inserción
laboral. Debemos considerar que así como los adultos
mayores son diversos en cuanto a sus asuntos biológicos y
psicológicos, es tal vez en el aspecto educacional donde
mayormente se advierten estas diferencias.

De esta forma, aun cuando la actual generación de
adultos mayores sea más proclive a mantenerse vigente y
autónoma y se interese en adquirir nuevos conocimientos
-para aprender especialmente sobre formas de cuidarse a sí
mismos y así tener una vejez mejor en términos de
calidad de vida-, la pobreza intelectual puede ser tan limitante
como la material. La misma sociedad, cada vez más
profesionalizante y tecnificada, exige mayores requisitos para
ser aceptado, lo que aumenta la segregación de los que
están en peores condiciones, caso en el que se encuentra
gran parte de nuestra población objetivo. Por tanto,
la
educación sobre el envejecimiento y la vejez debe
abarcar al abanico social completo. Enseñar a envejecer
debería ser parte de enseñar a vivir. El contenido
clave es transmitir que la vida misma es un cambio constante, y
que si bien algunos cambios son origen de limitaciones, hay que
aprender a vivir con ellos. Estos contenidos deberían
insertarse en los programas de enseñanza básica, media y superior,
de tal manera que los jóvenes se preparen física y
psicológicamente para cuando tengan que enfrentar su
período de adultos mayores. El desarrollo de valoraciones
positivas respecto a la edad más avanzada por una parte,
permite que los más jóvenes aprendan a cuidar de su
propia salud, contribuyendo así a disminuir los riesgos de
concomitancia de patologías asociadas al deterioro
fisiológico. Y por la otra, favorece el diálogo
intergeneracional, indispensable tanto para que los menores
desarrollen sentimientos de afectividad, solidaridad y
responsabilidad frente a su cuidado, como asimismo para favorecer
los objetivos de mejorar la inserción social deseada para
los senescentes.

Dado que alrededor del 60% de la población tiene
muy bajo nivel o no tiene educación formal -variable
fuertemente ligada a la condición de pobreza- sus
oportunidades laborales son muy disminuidas. Ellos necesitan
aprender algún oficio que les permita obtener recursos
adicionales. Pero no basta solamente con capacitarles en
determinadas áreas, sino es imperativo realizar acciones
para que este aprendizaje
efectivamente tenga réditos monetarios. De no ser
así, pueden acentuarse sentimientos de frustración
que afectan seriamente a su autoestima.
Asimismo, debe estimularse a aquellos que desean completar sus
años de enseñanza básica o media,
coordinando acciones con el sector de educación formal
respectivo, junto con crear y aplicar programas de
educación continua para los que así lo
deseen.

Para ese 4% con educación
superior, asociado con un mejor pasar económico, y
también para aquellos que tengan sus años de
enseñanza media completos, que son sanos y desean
mantenerse vigentes, es conveniente explorar posibilidades para
que puedan perfeccionarse en aquellas áreas de su saber,
incursionar en otra nueva, o bien deseen ampliar sus horizontes
culturales en general. Las universidades en conjunto con los
especialistas en gerontología tienen aquí un
desafío importante para crear programas flexibles, tal vez
no profesionalizantes como las carreras de pregrado
clásicas, destinados a este mercado emergente.

La familia

El Ministerio de Planificación Nacional, MIDEPLAN, para
efectos de la aplicación de las Encuestas
CASEN2 ,
define en primer término el concepto de "hogar" como la
unidad constituida por una sola persona o varias, con o sin
vínculos de parentesco, que hacen vida en común; es
decir, se alojan y se alimentan juntas, lo que significa que
comparten vivienda y tienen un presupuesto de alimentación
común. Ahora bien, la misma fuente reconoce como
núcleo familiar a aquella agrupación que
reúne a parte de los miembros de un hogar y se conforma
por la presencia de una pareja cuya constitución puede ser legal o de hecho,
con hijos solteros, sea que estos dependan o no
económicamente de la pareja o del jefe de familia
reconocido por el núcleo y que no tengan ascendientes
directos en el hogar. Otros núcleos familiares los
constituirán personas que cumplan parcialmente algunas de
las especificaciones de esta última definición, por
ejemplo padres solteros o separados con hijos, personas solas o
un pariente a su cargo. Reconociendo como base ambas
definiciones, para efectos de este artículo estimamos,
además, que familia incluye al conjunto de personas unidas
por el sentimiento de pertenencia a un grupo consanguíneo
o no, pero que se sienten ligados entre sí por
vínculos de afecto y solidaridad.

Al respecto es importante conocer la situación de
pareja de la población adulta mayor. El Censo de
19923
señala que el porcentaje de hombres casados a la
fecha de ese estudio correspondía al 71%, mientras el de
las mujeres era solamente del 40%. Ahora bien, el 72.2% de ellos
tenía esposa o conviviente, mientras el 27.8% estaba solo,
sea por soltería, viudez, separación legal o de
hecho. Para el caso de las mujeres adultas mayores la
situación era completamente distinta: solamente el 42.6%
de ellas vivía en pareja (casada o conviviendo) mientras
el 57.4% estaba sola por las mismas causas ya descritas. Esta
última cifra se explica por dos razones: primero porque la
expectativa de vida de las mujeres es superior(5). Para
el quinquenio 2000-2005 ésta es 76.6 años para la
mujer y 69.4 para el hombre,
mientras en el quinquenio 2020-2025 se estima aumentará a
78 años para las mujeres y 71 para los hombres. Y segundo,
por el patrón cultural que orienta a las mujeres a
establecer pareja con hombres de mayor edad que ellas. El 16.6%
restante de varones son separados o solteros. En resumen, podemos
señalar que más del 70% de los hombres mayores
enfrenta su ancianidad en pareja, mientras mayoritariamente las
mujeres deben hacerlo solas (más del 50%). La familia es
el entorno al que el adulto mayor pertenece y del que no debiera
salir. Sin embargo, la soledad por pérdida del o la
compañera les hacen cuestionarse el sentido de sus vidas,
especialmente en el caso de las mujeres, que sabemos que tienen
mayores índices de dependencia porque son más
desvalidas en términos económicos,
numéricamente son más que los varones, y
también viven más tiempo.

Los grupos en condiciones socioeconómicas
más deprimidas tienden mayoritariamente a compartir su
hogar con los mayores, entendiendo por tales no solamente a sus
padres, sino a veces parientes lejanos, e incluso otros ancianos
no consanguíneos. En los estratos medio y altos, las
actuales condiciones del mundo posmoderno imprimen un sello de
individualidad que cuestiona el principio de unión
familiar. Los integrantes de estos grupos familiares, por sus
múltiples actividades laborales y de otra índole,
van disponiendo cada vez de menos espacios para interactuar con
los suyos. Si la prioridad la tienen los miembros de la familia
nuclear, léase padres e hijos y esta interacción se torna cada vez más
problemática, es fácil deducir que la misma
dificultad será todavía mayor respecto a los
ancianos. Dentro de estas categorías
socioeconómicas, una porción menor de ellos
-especialmente los de mayores ingresos- ha optado por un modelo
de interacción distante, en que los miembros de distintas
generaciones viven en hogares separados, pero reconocen sus lazos
afectivos y se reúnen con cierta frecuencia. No obstante,
todavía gran parte de los estratos aludidos
continúa compartiendo el mismo hogar con sus
mayores.

La convivencia familiar para los adultos mayores es el
ambiente natural donde ellos pueden en mejor forma recibir el
afecto y la comprensión necesarios para adaptarse a los
cambios del envejecimiento. Por una parte, el grupo familiar les
ayuda a sobrellevar sus limitaciones y el dolor de sus
pérdidas, disminuyendo factores de angustia porque se
sienten respaldados por los apoyos que reciben expresados en
consejos e información; y por la otra, les permite
satisfacer una de las necesidades más importantes de todo
ser humano: amar y sentirse amado. Es importante señalar
que estos apoyos son mejores y más sólidos dentro
de los sectores calificados en tramos socioeconómicos
medios y altos, mientras que en los más pobres no
solamente faltan recursos económicos, sino además
sus recursos afectivos están deteriorados, lo que para los
ancianos tiene repercusiones especialmente serias.

Por tanto, es necesario asumir que la vejez humana es
posible sólo en sociedad. La civilización consiste
en proveer lazos significativos para que las personas alcancen
dignidad y
satisfacciones, es decir, para que la calidad de vida sea digna.
Una forma de relación corrientemente invocada es la del
deber. Los viejos deben cuidar a los más jóvenes
para asegurar la continuidad de la especie, mientras como
contrapartida, los viejos que ya dieron todo lo posible de
sí, se hacen acreedores de respeto y apoyo. Sin embargo
este deber es bastante nominal, siendo la idea más
aceptada la de solidaridad. Existe una solidaridad horizontal
entre quienes pertenecen a un mismo grupo y una vertical, entre
los miembros de los grupos y la autoridad de la sociedad mayor
que los alberga a todos. Ambas formas de solidaridad pueden
estudiarse y desarrollarse conjuntamente, en una reflexión
microbioética, centrada en el individuo y sus
vínculos, o macrobioética, centrada en los conjuntos y la
sociedad amplia.

La sociedad chilena enfrenta el desafío de
propender a lograr la adecuada inserción del senescente
tanto en su grupo familiar como en su medio social. En el
año 2010 nuestra sociedad deberá proveer los medios
para la atención de(5) 2.123.602 ancianos, en lo
posible dentro de los contextos familiares, en circunstancias que
dicho recurso se va haciendo cada vez menos disponible por las
razones antes argumentadas. Por esto, es necesario intensificar
la ayuda familiar cuando la dependencia es más fuerte y la
situación socioeconómica es de mayor pobreza. Esto
no incluye solamente recursos económicos directos -que en
su mayoría deberán provenir del estado por tratarse
de un grupo altamente vulnerable- sino además es una
demanda
emergente en términos de provisión de servicios
sociales, alternativas que requieren del concurso de otras
fuentes de
soporte distintas al estado, concebida como un sistema de
redes sociales no
gubernamentales y privadas, capaces de dispensar asistencia
cognitiva y afectiva a los ancianos con deterioro familiar o
carentes. Estas organizaciones, idealmente en su parte operativa,
deberían estar compuestas en su mayoría por los
propios adultos mayores y constituirse en torno a objetivos de
sociabilidad, recreación, aprendizaje y
autoayuda.

Participación política
y social

Respecto a la participación del adulto mayor en
la vida pública, es necesario formular la siguiente
definición instrumental como punto de
partida(13): "Participación, son aquellas
acciones emprendidas por agrupaciones de personas que comparten
uno o varios intereses comunes, caracterizadas por un grado
importante de organización, cuya estructura
puede ser más o menos permanente en el tiempo y que para
alcanzar el cumplimiento de sus fines representan esas
inquietudes ante autoridades que deben adoptar decisiones, cuyos
alcances afectarán a amplios conglomerados de personas.
Desde esta perspectiva un actor es aquel que tiene posibilidad de
influir en la toma de decisiones en materias de su
interés. En la medida que un grupo definido por intereses
comunes solamente se limite a ejecutar instrucciones, o bien
realice únicamente acciones operativas de tipo
administrativo frente a asuntos previamente definidos, no
está participando, situación en la que se encuentra
la mayoría de los adultos mayores chilenos".

Ahora bien, la participación política y la
participación social son diferentes. La primera se orienta
a influir en aquellas decisiones que comprometen al destino de la
colectividad en su conjunto, es decir las que ostentan
carácter trascendente, y por tanto, tendrán efecto
en generaciones venideras. Este es el caso, por ejemplo, de las
demandas de la Asociación de Jubilados frente a mayores
montos en las asignaciones de retiro para todos los jubilados del
país. La participación política de nivel
intermedio, se refiere a tratar de predominar en aquellos
aspectos de alcance regional o local, que si bien pueden integrar
a amplios conjuntos de personas, no comprometen la esencia del
régimen político. Este es el caso, por ejemplo, de
una demanda que pretenda obtener recursos públicos para
transportar ancianos desde sus hogares a sus controles
médicos o a centros de reunión social. Si bien es
cierto hay una decisión de autoridad involucrada,
ésta es restringida al ámbito de la autoridad local
(o regional cuando más) que la adopta, y no tiene efectos
vinculantes para el resto del país. La
participación social es aquella que no concierne a los
ámbitos de injerencia del dictamen del poder
político, sino a los más cercanos al desarrollo de
la vida diaria de los individuos. En este caso, quienes demandan
acuden a personeros e instituciones de la comunidad, por ejemplo
empresarios, banqueros, iglesias, directores de consultorios de
atención primaria, directores de establecimientos
educacionales, etc.

Ha sido característico de las democracias
occidentales de fines del siglo XX, una creciente
preocupación por la falta de participación
política de la sociedad civil en general. Uno de los
elementos que más frecuentemente se esgrimen al respecto
es la apatía electoral de los ciudadanos, quienes
demuestran cada vez mayor renuencia para acudir a las urnas,
especialmente los más jóvenes(14). En este
imaginario se está reduciendo la participación
política al ejercicio del sufragio, elemento que como ya
vimos antes, si bien ha sido capital en la extensión de la
democracia no es el único, existiendo muchos otros
espacios todavía inexplorados para ejercer el derecho a la
representación de intereses a través de la
participación. Sin embargo, aun cuando existe un discurso
oficial respecto a considerar el adulto mayor como uno de los
actores de su propia integración, la verdad es que ellos
están muy lejos de serlo, puesto que todavía los
canales de expresión y las organizaciones existentes son
escasos. La Central Unitaria de Pensionados, Jubilados y
Montepiados de Chile, la Asociación de Jubilados, y la
Central de Jubilados del INP son grupos de
presión políticos organizados y reconocidos
como interlocutores válidos por los diferentes actores.
Existen muchas otros agrupaciones de senescentes en el marco de
la participación social, en torno a ONGs y gobiernos
locales, pero que no han logrado incorporar masivamente a nuestra
población objetivo.

Los ancianos en Chile constituyen un universo electoral
distinto que ha estado incrementándose. Sin embargo,
debido a su falta de organización no producen grupos de
presión importantes, salvo los ya especificados. Tampoco
el tema de la tercera edad es todavía relevante en
términos de agenda de los partidos
políticos. Sabemos que en el primer año del
milenio, 7 de cada 100 habitantes tienen más de 65
años, al 2010 serán 9 y al final de la segunda
década, 11. El adulto mayor ha adquirido un nuevo
potencial político en términos del creciente
volumen que
representan dentro del conjunto de electores chilenos. Hoy
día son aproximadamente el 10%, es decir alrededor de un
millón doscientos mil votos, el 2010 probablemente
llegarán a los dos millones, y el 2025 se acercarán
a los dos millones y medio de votantes. Pero a estas estimaciones
será necesario agregar también la propensión
de los jóvenes a no inscribirse en los registros
electorales, lo que disminuiría todavía más
la incidencia de estos últimos en la balanza electoral,
atendiendo la reducción que ha venido experimentando el
grupo joven debido al fenómeno de transición
demográfica. De mantenerse esta tendencia, es bastante
probable que aumente todavía más el peso electoral
del segmento mayor.

Otro elemento interesante respecto al crecimiento de la
población senescente es su disposición de tiempo
libre, recurso altamente valorado por las generaciones más
jóvenes, pero tiene connotaciones distintas en nuestra
población objetivo, puesto que su uso en beneficio de
ellos mismos depende en gran medida de sus recursos
económicos. Podemos asumir que el 8% de ellos -afiliados a
ISAPRES- tienen mayores ingresos, lo que nos hace suponer que es
probable que no tuvieran grandes problemas económicos
asociados. Pero en el grupo restante es necesario hacer otra
distinción más fina:(12) el 18% son
pobres, y de ellos el 4% indigentes, es decir carentes de todo
recurso. La mayor cantidad de pobres se radica en la VIII
Región, casi 28%, seguida por la IX, 27% y la IV con casi
23%. En la Región Metropolitana la proporción es
más baja, correspondiendo al 11.5%, pero dado el
fenómeno de concentración del país en la
capital, significa que en Santiago viven alrededor de 500.000
ancianos, de los cuales casi el 18% (alrededor de 90.000), son
pobres. Estas cifras nos permiten inferir que más del 25%
de la población adulta mayor no tiene posibilidades de
hacer uso de su tiempo libre, dada su condición de
pobreza, a menos que los gobiernos locales o regionales
diseñen y establezcan programas subvencionados especiales
que así lo permitan.

Conclusiones

Estamos asistiendo a una transición
epidemiológica, estrechamente asociada a los cambios
demográficos descritos. Esto significa que se han
experimentado variaciones a lo largo del tiempo, que afectaron la
composición de la mortalidad por sexo y edades y
modificaron las causas de muerte. En la
segunda mitad del siglo XX, en los años 60, las
enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias
tenían alta prevalencia y atacaban preferentemente a los
más jóvenes. En cambio, a comienzos del XXI,
predominan dolencias que afectan principalmente a los adultos
mayores (el 76% fallece por alguna de estas causas), tales como
problemas crónicos, degenerativos, tumores malignos y
accidentes, mientras en último lugar se ubican las
infecciosas y parasitarias. Los progresos en el control de las
enfermedades y los avances en la esperanza de vida al nacer,
dependerán, cada vez más, de la disminución
de la mortalidad en las edades avanzadas. Sin embargo, la
prolongación de la vida más allá de los 60
años, no ha evolucionado tanto como lo alcanzado en las
edades más tempranas. De esta forma, no se prevén
cambios drásticos en un futuro cercano, a menos que se
logren adelantos relevantes en el tratamiento y control de las
patologías crónicas y degenerativas.

Si el progreso técnico lo permite(15),
asistiremos a una prolongación de los años de vida
que llegará a los límites
biológicos de la especie, lo que probablemente
permitirá la aparición de nuevas formas de
diversidad y posiblemente, de inéditas patologías.
Junto con esto, adquirirán creciente importancia -entre
otros- los debates públicos bioéticos, tales como
la muerte cerebral, el cuidado del enfermo terminal y el suicidio
asistido.

Las exigencias antiguas y nuevas que hemos expuesto a
través de esta investigación nos demuestran que la
posibilidad de los adultos mayores de alcanzar una buena calidad
de vida va a depender en gran medida de lo que es "apropiado"
para los tiempos, de lo que es "bueno y satisfactorio", tanto
desde la óptica
de los mayores en su calidad de usuarios como desde las
perspectivas y criterios profesionales de los planificadores
políticos y sociales; y finalmente, de lo que es "justo"
en el plano social. Estos tres fundamentos nos orientan a sugerir
un enfoque bioético para enfrentar las políticas
públicas sobre envejecimiento y vejez en el Chile del
siglo XXI.

Tanto el Gobierno como la sociedad deberán
realizar una serie de esfuerzos conjuntos para tratar de
afrontar, en la mejor forma posible, las demandas que este cambio
demográfico nos está exigiendo. Dentro de estos
requerimientos están asociadas las dimensiones
cuantitativas y cualitativas. Las primeras, por cierto, se
refieren a acciones específicas orientadas a la
atención integral e incorporación social y
política del adulto mayor, previa revisión de
algunas políticas existentes y creación de otras
nuevas, lo que obligará, probablemente, a la
destinación de mayores recursos económicos. La
experiencia nos dice que esto es factible si hay crecimiento
económico sostenido, para lo cual el mejor sistema, sin
ser desde luego perfecto, es el mercado libre. Para lograr este
objetivo nacional se requiere por cierto dar confianza tanto a
inversionistas internos como externos, siendo necesario que el
Gobierno les proporcione señales claras respecto a que se
mantendrán las reglas del juego del sistema de
economía libre.

Respecto a los asuntos cualitativos, están en
primer término aquellos relacionados con lograr el cambio
de imagen de la sociedad frente a la etapa de adulto mayor, lo
que a su vez debe dar lugar a una serie de proyectos educativos,
imaginados e implementados con contenidos y métodos
adecuados a los distintos estratos poblacionales que
necesariamente deberían ser cubiertos. El uso de
tecnologías de aprendizaje novedosas y utilización
de los medios de comunicación es un imperativo para lograr
los objetivos masivos que esperamos. Como segundo elemento
cualitativo debemos enseñar a los más
jóvenes a ser actores de su propio proceso de
envejecimiento, entregándoles conocimientos para que
puedan colaborar activamente en los aspectos preventivos del
cuidado de su salud, de tal manera que en sus etapas
tardías ellos puedan vivir su envejecimiento en forma
vital.

Siempre en la dimensión cualitativa, la demanda
por más y mejores servicios sociales se verá
incrementada no solamente porque el grupo adulto mayor
está aumentando, sino porque también debemos asumir
la individualidad y la heterogeneidad dentro de esta clase, lo que
trae consigo la paradoja que esta misma diversidad pudiera
generar todavía más iniquidades que las existentes.
Creemos que vale la pena asumir este riesgo, porque así se
está dando satisfacción al esquema
democrático que, por una parte, debe buscar privilegiar
las libertades individuales, y por la otra, asumir acciones
específicas dirigidas hacia los sectores sociales
más vulnerables para intentar corregir las
injusticias.

Los adultos mayores constituyen un mercado electoral
relevante, de creciente importancia en cuanto a su fuerza
electoral a medida que avanza el siglo, pero actualmente su peso
como actores políticos es todavía irrelevante.
Ellos poseen una realidad propia y distinta a las de otros grupos
de edad. De acuerdo a su disponibilidad de tiempo libre y
condición de autovalentes -que tiene el 66.7% de ellos-,
si existiera la posibilidad de buenos canales de
organización, los mayores podrían movilizarse en
torno a demandas económicas y de servicios sociales en la
búsqueda de mejorar su actual estado, lo que creemos
apoyaría el proceso de cambio, tanto de la imagen que
tienen de sí mismos, como de aquella que la sociedad tiene
de ellos. Pero antes, los actores políticos deberán
establecer vinculaciones con este grupo, lo que pasa por la
inclusión del tema de la tercera edad en la agenda
política. Si bien el Estado lo ha estado haciendo, la
mayor parte de los actores políticos no lo han incorporado
en sus temas de campaña, salvo algunos en elecciones
municipales.

Los partidos políticos y los candidatos
deberán ser capaces de convocar su interés, de
interpretar sus inquietudes, y especialmente, darles confianza
acerca de lo relevante que es para el país obtener su
experiencia y aporte democrático. Por su parte, el Estado
deberá perseverar y perfeccionar en los esfuerzos que
actualmente está realizando, puesto que como ya hemos
señalado repetidamente, de la satisfacción de sus
necesidades básicas va a depender que los ancianos puedan
o no superar su actual estado de segregación social y
política. En este sentido, el gobierno chileno, con apoyo
del sector privado y de los actores políticos nacionales,
regionales y locales, tienen a nuestro juicio varias
responsabilidades frente a los adultos mayores: primero, mantener
el crecimiento económico sostenido para poder apoyar sus
esfuerzos de profundización de políticas sociales,
con miras a alcanzar un país más solidario;
segundo, fomentar y desarrollar la creación de iniciativas
de educación cívica; tercero, crear e implementar
medidas especiales para obtener su expresión de voluntad
política a través del sufragio y cuarto, promover
la integración de otros segmentos distintos al Estado, en
planes de colaboración orientados a vigorizar la
participación política y social de los senescentes.
Estimamos que actualmente la contribución privada o por
parte de ONGs es todavía muy insignificante.

Notas

1 Nota de la autora: La encuesta CAS
aplicada por los Municipios determinaba la calidad de
beneficiarios de subsidios y beneficios de la Red Social de Gobierno que
operaba en ese tiempo.

2 Encuesta CASEN 1996, disponible en
URL http://www.mideplan.cl/casen3/series/definicion.html

3 INE, Instituto Nacional de
Estadísticas de Chile, Chile y los adultos mayores:
impacto en la sociedad del 2000, ver cuadro N°18,
Población de 60 años y más, por sexo
según estado civil, censo de 1992. Disponible en URL
www.ine.cl (estudio elaborado en 1999)

Referencias

1. Dahl R. La democracia: una guía para los
ciudadanos. Buenos Aires:
Taurus; 1999.

2. Tomassini L. ¿Qué espera la
Sociedad del Gobierno? Santiago: Centro de Análisis
de Políticas Públicas y Asociación Chilena
de Ciencia
Política; 1994.

3. Touraine A. ¿Podemos vivir juntos? La
discusión pendiente: el destino del hombre en la
aldea global. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica; 1997.

4. Donoso A. La Enfermedad de Alzheimer y
otras Demencias: aspectos clínicos y familiares. En:
Vejez y Envejecimiento. Cuadernos de Extensión de la
Vicerrectoría Académica y Estudiantil: Programa
Interdisciplinario de Estudios Gerontológicos,
Universidad de
Chile; 1996.

5. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Chile y los adultos mayores: impacto en la sociedad del
2000, cuadro N°1, Chile: Población según
grandes grupos de edad y porcentaje, 1960, 1990, 2000 y 2020. (On
Line) 1999 (citado 2001). Disponible en URL: http://www.ine.cl

6. Ministerio de Planificación Nacional.
Prospectiva y población: mapa
político-electoral del siglo XX. Santiago de Chile:
MIDEPLAN; 1997. p. 14-15.

7. Ríos P. Adulto mayor, ciudadanía y
organización social. Santiago de Chile: Universidad
de Chile; 1999.

8. Ministerio de Planificación Nacional.
Política nacional sobre envejecimiento y vejez:
lineamientos básicos. Santiago de Chile. MIDEPLAN;
1993.

9. Lolas F. Bioética y Antropología Social. Santiago de
Chile: Mediterráneo; 2000.

10. Domínguez O. Encuesta sobre las
necesidades de la población de 60 años y
más. Santiago de Chile. OPS; 1987.

11. Sabucedo JM. Rodríguez M. Medios de
comunicación de masas y conducta
política. Madrid:
Biblioteca Nueva,
Colección Psicología
Universidad Autónoma de Madrid; 1997.

12. Ministerio de Planificación Familiar.
Informe Comisión Nacional para el Adulto Mayor.
Santiago de Chile: MIDEPLAN; 1995.

13. Israel R. Morales
ME. Manual de Ciencia Política. Santiago de
Chile: Editorial Universitaria;1994.

14. Morales ME. Los desencantados de la política
chilena. Revista Política, Instituto de Ciencia
Política de la Universidad de Chile 1999; 2:
37-38.

15. Lolas F. El aprendizaje de
la ética
médica mediante la formulación de
políticas. Nota preliminar en: Drane J. El cuidado del
enfermo terminal. Publicación Científica
N°573. Washington DC: OPS; 1999, p. 11-16.

María Eugenia Morales
Contreras
Licenciada en Obstetricia; Magíster en
Ciencia Política de la Universidad de Chile, Chile.
Académica del Instituto de Ciencia Política de la
Universidad de Chile. Santiago, Chile.